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El código penal de Argentina es parte de la constitución nacional del país sudamericano. Promulgada por primera vez en 1853, la Constitución fue modificada regularmente desde entonces, incluyendo una modernización drástica en 1994. El cumplimiento del código penal es providencia del sistema judicial de Argentina. Las apelaciones de decisiones penales deben ser llevadas ante el Supremo Tribunal Provincial o Superior Tribunal de los respectivos estados de la nación.
Proceso judicial
La ley argentina determina una serie de pasos que deben ser seguidos en el caso de que alguien sea acusado de un crimen. En primer lugar, un juez criminal es el encargado de decidir si hay o no pruebas suficientes para llevar el caso a juicio. En el caso del juez aprobar el caso, el código penal de Argentina estipula que sea llevado ante un tribunal penal, que es un tribunal de jueces. El primer juez también es el encargado de presentar sus pruebas y acusaciones contra el criminal a ser juzgado. En un proceso penal de exclusividad de Argentina, esas acusaciones se convierten en el argumento en el que se basa la acusación.
Crímenes tecnológicos
En 2008, Argentina alteró su código penal para incluir crímenes de naturaleza tecnológica. Los crímenes añadidos al código existente incluyen la distribución y posesión de pornografía infantil, violaciones de la ley por correo electrónico, acceso ilegal a sistemas de información, distribución de virus y daños a sistemas de información, crímenes agravados contra sistemas de información e interrupción de las comunicaciones . El artículo 128 del Código Penal define el castigo para la distribución digital de imágenes de sexo explícito de menores, de seis meses a cuatro años de prisión, y la posesión de tales imágenes de cuatro meses a dos años de prisión.
Acusaciones criminales que involucra drogas
En agosto de 2009, la Corte Suprema de Argentina consideró inconstitucional que la posesión de marihuana para uso personal sea un crimen pasivo de castigo criminal. La ley fue promulgada como la primera de varias leyes latinoamericanas de liberalización de drogas, destinadas a enfocarse más en evitar la venta y distribución a gran escala y así combatir la guerra contra las drogas, no contra el usuario de drogas.